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La Generalitat se da un año para verificar que Intu Mediterrani cumple toda la normativa.

Se complican las perspectivas para la construcción en Paterna del centro comercial que se presentó en 2012 como Puerto Mediterráneo, rebautizado más tarde como Intu Mediterrani después de que la Generalitat le negase la autorización por reproches ambientales tras cuatro años de trámites y medio centenar de informes favorables.

Una vez subsanados los reparos públicos que a punto estuvieron de motivar un segundo revés ambiental en la recta final de la legislatura, la pelota de la tramitación vuelve a estar en el tejado de la Conselleria de Medio Ambiente, ahora dirigida por Mireia Mollà (Compromís).

Fuentes de este departamento señalaron ayer a LAS PROVINCIAS que se está tramitando el plan de alcance encaminado a verificar que el proyecto cumple toda la normativa y que, dada la cantidad de consellerias implicadas, ese proceso tardará cerca de un año. Si se acredita el cumplimiento de la normativa sobre cuestiones como los accesos y la gestión de residuos, pasará a una segunda fase de evaluación, que se prevé más rápida y culminaría con la emisión de la preceptiva declaración de evaluación ambiental autonómica.

Los inversores de Intu Eurofund cuentan con el respaldo expreso del alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, reelegido por mayoría absoluta. En la Generalitat, no obstante, el clima no se antoja demasiado propicio para un proyecto que promete 860 millones de inversión y 6.000 empleos. Sirvan como ejemplo las recientes declaraciones en contra del proyecto del vicepresidente segundo y conseller, Rubén Martínez Dalmau (Podemos).

Desde el Ayuntamiento de Paterna, por su parte, aseguran que los trámites municipales están hechos y que en la fase actual de evaluación, dependiente de Medio Ambiente, «todavía faltan muchos informes por emitir, cerca de una veintena». Según precisaron a este periódico, hasta la fecha sólo se han publicado dos, uno de la Subdirección General de Emergencias y otro de la Dirección General de Turismo.

Con ese plazo de un año aportado ahora por la Conselleria de Medio Ambiente, se da por sentado que los impulsores de Intu Mediterrani tendrán que lidiar con escollos como el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat (Patsecova). Ese proyecto, dependiente de la conselleria que dirige Rafael Climent (Compromís), prohíbe construir establecimientos de más de 120.000 metros cuadrados de superficie comercial, un listón que duplica Intu Mediterrani.

El Patsecova, a finales de año

Con la tramitación como decreto del Consell recién reactivada por Economía, se prevé que el Patsecova esté listo antes de finales de año.

Por lo tanto, si se cumplen ambos plazos, Intu Mediterrani no tendrá el visto bueno ambiental a tiempo de esquivar el veto de Economía.

Mientras la tramitación sigue su curso, cabe recordar que Intu anunció en enero que prepara querellas por prevaricación administrativa y falsedad documental contra el Consell por las «sucesivas trabas impuestas» a una actuación declarada estratégica por el anterior Consell.

Junto al Patsecova, otra iniciativa que cuestiona como «intentos de entorpecer la viabilidad» de su proyecto es la modificación del plan de ordenación de los recursos naturales del Turia (PORN), que «supondría la inviabilidad de Intu Mediterrani, puesto que incorpora la protección de La Mola, sin tener un análisis ambiental previo y pese a tratarse de un barranco artificializado que originariamente no formaba parte de la cuenca del Turia».

La empresa sigue a la espera de que la justicia se pronuncie sobre los 300 millones que reclama a la administración por el carpetazo de Vivienda (entonces controlada por el PSPV) tras emitir un dictamen negativo junto a Medio Ambiente.

El veredicto, en septiembre

El veredicto sobre el rechazo del Consell al proyecto inicial, previsto para finales del pasado mes de marzo, se aplazó a septiembre en vísperas de las últimas elecciones.

Ese frente judicial podría resultar determinante para el futuro de Intu Mediterrani, convertido en paradigma del modelo comercial que rechazan desde Compromís y motivo de enfrentamiento entre el Consell y el empresariado de la Comunitat durante la pasada legislatura.