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Economía busca asegurarse un mayor control de las ferias y las cámaras de comercio

La Conselleria de Climent plantea reforzar su función de tutela de estas entidades mediante la ley de acompañamiento de los presupuestos

La Conselleria de Economía, en manos de Compromís, quiere garantizarse un mayor control de las instituciones feriales y de las cámaras de comercio. Para ello, el departamento que dirige Rafael Climent ha introducido en el anteproyecto de ley de medidas fiscales de 2021 -la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos- una modificación legislativa que refuerza su papel de tutela de estas entidades.

El texto del anteproyecto de ley, que está en fase de información pública, contempla que en ambos casos haya que dar cuenta a la Conselleria de Economía de determinadas actividades. Este mayor control, que fuentes de la Conselleria justifican para emular lo que ya sucede con las universidades públicas, se propone en pleno proceso de refundación de Feria Valencia. Es más, desde Economía se pelea para forzar a un cambio de modelo basado en la gestión pública de la institucion ferial, algo que ni siquiera se descarta replicar en la Institución Ferial Alicantina (IFA).

En el caso concreto de las instituciones feriales, lo que se pretende es añadir una Disposición Adicional Cuarta en la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunidad Valenciana, con la siguiente redacción: "En los procedimientos que incoen los departamentos de la Generalitat y el resto de entes públicos y privados dependientes o a ellos vinculados, de elaboración de disposiciones de carácter general, de aprobación de convenios, convocatorias de ayudas o subvenciones y el resto de procedimientos administrativos en que sean destinatarias, beneficiarias o partes interesadas cualesquiera de las Instituciones feriales de la Comunitat Valenciana o cualquiera de las ferias comerciales oficiales, es preceptiva la puesta en conocimiento de ello a la Conselleria competente en materia de Comercio".

Es decir, habrá que informar en todo momento a Economía cuando se firmen convenios con las ferias, por ejemplo. Eso sí, la Conselleria no tendrá la última palabra ni capacidad de veto, pero las fuentes consultadas admiten que, en todo caso, se busca un mayor control y conocimiento de la actividad de estas entidades sobre las que se ejerce la tutela.

En la misma línea se propone la modificación legislativa que afecta a las cámaras de comercio. Aquí no hay que olvidar que el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, que preside José Vicente Morata, apuntala una estructura de poder que en Compromís nunca ha gustado especialmente. Se introduce por ello una disposición adicional única en la Ley 3/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana.

Su redacción sería la siguiente: "En los procedimientos que incoen los departamentos de la Generalitat y el resto de entes públicos y privados dependientes o a ellos vinculados, de elaboración de disposiciones de carácter general, de aprobación de convenios, convocatorias de ayudas o subvenciones y el resto de procedimientos administrativos en que sean destinatarias, beneficiarias o partes interesadas cualesquiera de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana, así como el Consell de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana, es preceptiva la puesta en conocimiento de ello a la Conselleria competente en materia de tutela de las Cámaras".

BONIFICACIÓN A LA EMPRESA FAMILIAR

Lo que no aparece esta vez en la ley de acompañamiento es la promesa del presidente Ximo Puig de bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones a la empresa familiar, sin excepciones. El año pasado este asunto fue motivo de enfrentamiento entre PSPV y Compromís, en contra de que dicho beneficio pudiera llegar a las grandes firmas. Finalmente, se aprobó una modificación en las empresas familiares con una facturación anual inferior a los 10 millones de euros, así como a todas las agrícolas y las empresas individuales o negocios profesionales sin tope de volumen de actividad.

La medida se consideró insuficiente por parte de la patronal CEV y del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA), pues Puig había prometido la bonificación para todo tipo de empresas. A pesar de que el tema ha quedado nuevamente aparcado, desde IVEFA asumen ahora que no es momento de mantener esta exigencia en la actual coyuntura de crisis económica por la pandemia.

DEDUCCIONES POR ERTE

El texto también recoge las medidas aprobadas por el Consell en relación con la lucha contra la Covid-19, tales como la modificación tributaria para evitar pagar en la declaración de la renta al recibir ayudas por estar en un ERTE. De este modo, con efectos desde el 1 de enero de 2020, se crean deducciones para compensar la mayor carga fiscal soportada en el tramo autonómico del impuesto por las personas contribuyentes beneficiarias de las ayudas o subvenciones concedidas a personas trabajadoras afectadas por un ERTE.

Se trata de las ayudas concedidas en virtud del Decreto Ley 3/2020, de 10 de abril, de adopción de medidas urgentes para establecer ayudas económicas en los trabajadores y las trabajadoras afectados por un ERTE y a los cuales han reducido la jornada laboral por conciliación familiar con motivo de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

Otra novedad es la reducción, aprobada por el Consell, del 5% del precio del crédito en primera matrícula en las enseñanzas universitarias de grado de niveles de experimentalidad 4 y 5, es decir, los de mayor experimentalidad y por lo tanto los más costosos, como son los grados del ámbito sanitario y STEM.