El comercio electrónico pagará en Barcelona por usar el espacio público que para las labores de reparto de mercancías a los domicilios o los lugares de trabajo de sus clientes. Se trata, según el Ayuntamiento, de la primera ciudad europea que crea una tasa para tal efecto, que se prevé aplicar a partir de marzo del 2023. Tributarán los operadores postales que ingresen por el transporte más de 1 millón de euros al año en la capital catalana –los pequeños repartidores quedan fuera– y para los envíos a particulares que no sean empresas. Quedarán exentos los que se depositen en puntos de recogida colectivos.
La regulación prevista fija un gravamen del 1,25% de los ingresos obtenidos en Barcelona por el servicio de reparto –no por el importe de la venta de los artículos– con una recaudación máxima conjunta de todas las plataformas de 2,6 millones de euros anuales, que es el valor estimado del aprovechamiento que estas empresas hacen del espacio público. Si se supera, se efectuarán devoluciones. La cantidad que se recaude se destinará a medidas para fortalecer y digitalizar el comercio de proximidad.
El Ayuntamiento estima que, con la información actualizada, hay 26 firmas que deberán abonar esta tasa. Conjuntamente tienen una facturación anual por los repartos que hacen en la ciudad de unos 200 millones de euros. Las cinco primeras suman una cuota de mercado del 62%. Los pequeños transportistas, al tener ingresos inferiores a 1 millón de euros, no estarán afectados. El gobierno municipal no ha hecho pública la lista de los distribuidores sujetos a la tasa, aunque se sabe que el más grande es Amazon y hay otros con gran actividad en la ciudad, como Seur, UPS, DHL, MRW o Correos. La relación se ha confeccionado cruzando datos del registro de operadores postales del Ministerio de Transportes y la base SABI, que ofrece información financiera pública. Asimismo, para conocer la facturación en la capital catalana, se han aplicado los criterios de reparto por municipios del Ministerio de Hacienda para la recaudación del IVA.
La cuantía de la tasa se ha establecido tras valorar el “aprovechamiento especial” del dominio público –la calle– que las grandes plataformas usan gratuitamente. Se han tomado como referencia las zonas de carga y descarga repartidas por la ciudad, que tienen unas 8.300 plazas, por las que no se paga, y el precio medio de las de estacionamiento de pago (áreas verdes y azules). Así, y aplicando un principio de prudencia valorativa, se ha llegado a la conclusión de que el valor total es de 2,6 millones de euros anuales. Teniendo en cuenta los 200 millones de facturación antes citados y redondeando a la baja, se llega al tipo del 1,25% que se aplicará. La tasa se liquidará a año vencido.
La Administración local ha identificado 26 operadores que deberán abonar la tasa, que será del 1,25% de sus ingresos
“Es una tasa pionera que esperamos que cree un precedente para otras ciudades”, ha manifestado el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, este viernes durante la presentación de este instrumento fiscal. “Grava a las grandes plataformas que tienen una cuota de mercado muy importante en Barcelona –ha enfatizado- y se hace porque hacen uso la ciudad, que es de todos y hasta ahora no han pagado por ello”.
El edil socialista ha puesto en valor que con esta medida se busca “favorecer al comercio de proximidad, que paga impuestos y tasas, para que haya igualdad en las condiciones de competición”. Y ha aclarado que “no tiene un objetivo recaudatorio”, sino que persigue “un cambio de hábitos favorecer la recogida en puntos, en lockers, y así evitar tener la ciudad llena de vehículos de reparto ocupando el espacio público y provocando congestión y contaminación”.
“Que un paquete de 300 gramos lo traslade a casa un vehículo que pesa una tonelada y media no tiene sentido, hay que corregirlo”, ha añadido Jordi Martí, concejal de Presidencia y Presupuestos, que ha calificado de “injusticia fiscal” que el comercio tradicional pague tasas e impuestos a Barcelona y el electrónico no. La tendencia general, ha recordado, “es ir gravando aquello que es más perjudicial para la ciudad”. El edil de BComú ha recordado que cuanto más reparto vaya a los lockers y menos a los destinos particulares, mejor, aunque suponga menos ingresos por la tasa. En cualquier caso, ha animado a comprar en los comercios tradicionales: «Como ahora viene Navidad pediría que a los ciudadanos que salgan a la calle y vayan a las tiendas en vez de comprar en forma de clic».
“Estamos muy contentos, la tasa es una propuesta que hemos impulsado desde el 2019 y hemos ido presentado varias iniciativas desde entonces”, ha señalado el concejal de ERC Jordi Castellana. “Creemos en el comercio de proximidad como eje vertebrador de la ciudad y las grandes empresas online requieren de una regulación”, ha agregado, tras lo cual ha recordado que la ley catalana de Comerç ya indica que los ayuntamientos deben aplicar un gravamen a esta actividad.
Iniciativa pionera con “robustez técnica”
El equipo de la concejal Montserrat Ballarín, responsable de Hacienda y de Comercio y experta en fiscalidad local, ha contado con la colaboración del Institut d’Economia de Barcelona de la UB y de la Universidad Carlos III de Madrid para fijar los aspectos económicos y jurídicos de la tasa, que se considera pionera. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau ha querido que tenga toda la “robustez técnica” posible dado que no se conocen precedentes y podría motivar impugnaciones por parte de los afectados. La medida saldrá adelante y podrá aplicarse en marzo, dos meses antes de las elecciones municipales, ya que tiene la mayoría política suficiente, gracias al acuerdo del ejecutivo sociocomún con los republicanos. Esto, no obstante, no presupone nada de cara los presupuestos del 2023, que se están negociando.
Fuente: La Vanguardia
