El Consejo Sectorial de Comercio mantuvo este lunes una reunión a la que el Ayuntamiento asistió con la intención de ‘vender’ su próxima macropeatonalización urbana, mientras que las asociaciones pusieron sobre la mesa los recelos ante la medida porque la ven «excesiva», a la vista de que «afectará al 75% del núcleo urbano de Castellón, descontando el Raval Universitari y los barrios más alejados del centro, cuando en otras ciudades sólo ha afectado a un 1% de su territorio».
Así se lo hicieron saber al concejal de Movilidad, Jorge Ribes, desde Covaco-Confecomerç, tras la exposición del edil sobre las ventajas que tendrá el desarrollo de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a lo largo y ancho de 745.000 metros cuadrados de superficie perimetrada por las rondas Mijares y Magdalena, por el Oeste; Cerdán de Tallada, por el Norte; por Sant Roc, Sant Félix, Gobernador y Casalduch, por el Este y por Orfebres Santalínea, por el Sur».
A juicio de los comerciantes, «si hay que cumplir con la normativa europea para rebajar la contaminación en las ciudades, se cumple, pero nos parece ilógico que se plantee en Castellón actuar en una extensión tan grande comparando con El Carmen, en Valencia, o ‘Madrid Central’, en la capital, donde sus respectivas ZBE no abarcan más del 1% de la superficie urbana y comercial».
Este es el planteamiento de Mauro Gómez, vicepresidente de Confecomerç, quien, al igual que Charo Brocal, portavoz de Castelló Espai Comercial, considera que la implantación de más cámaras de vigilancia del tráfico «agravarán» aún más la complicada situación que atraviesa el sector por la pérdida de clientes que «temen ser multados al acceder al centro histórico» y «las dificultades a la hora de realizar reparto de mercancías», porque «las multas no dejan de llegar a los establecimientos.
«Dijeron que donde antes había un bolardo, hay ahora un lector de matrículas, pero no es así. Hay cámaras donde antes no hubo bolardos y cuando vas a enterarte, ya te han sancionado», explican a este rotativo.
Por su parte, el concejal de Movilidad Sostenible, Jorge Ribes, que asistió al consejo para explicar los pormenores de la ZBE, se comprometió a llevar adelante el proyecto con la participación ciudadana. «Está previsto, y así consta en los pliegos, que deberá haber un proceso de participación para que el proyecto se elabore de manera colaborativa», indicó.
Ribes explicó que Castellón ha captado 7,8 millones de fondos europeos para implantar este proyecto y «avanzar hacia el cumplimiento de la ley estatal de cambio climático, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a crear zonas de bajas emisiones antes de 2023».
La ZBE incluye la adecuación de calles a plataforma única y acciones que reduzcan las emisiones y la contaminación acústica, con el incremento del espacio para el peatón, de la circulación de bicicletas y patinetes y el incremento del espacio verde.
RIBES: «MEJOR RELACIÓN COMERCIO Y CIUDADANÍA»
La primera fase de la ZBE debe de arrancar en la primavera de 2023 para lograr el objetivo defendido por el edil de Movilidad. Jorge Ribes asegura que «se creará un espacio más cómodo, saludable, que facilite el tránsito de las personas y mejore la convivencia entre comercio y ciudadanía». Esa lectura dista mucho de los recelos de los comerciantes tras 44 cierres en dos años.
Fuente: El Mundo
