El Gobierno asume que las CCAA no aplicarán sanciones por el incumplimiento del decreto de ahorro energético

Cataluña aprecia «inseguridad jurídica» en la norma y la Comunidad Valenciana lo pondrá en marcha sin aumentar las inspecciones

El Gobierno diseñó al margen de las autonomías el polémico decreto de ahorro energético que ahora tendrán que «aplicar y vigilar» los gobiernos autonómicos con todos sus matices. En sus manos deja las sanciones, al tiempo que asume que las medidas no tienen un carácter «coercitivo» sino que persiguen un efecto «ejemplarizante». Al menos ése es el mensaje que extrajeron los consejeros de las comunidades que, aun apoyando la aplicación del plan de ahorro energético, no van a someter a una especial vigilancia su cumplimiento en el sector privado. Creen en las medidas pero no van a invertir en inspección y detectan lagunas que provocan inseguridad jurídica.

Una de ellas es la Comunidad Valenciana. Tanto el presidente Ximo Puig como el consejero de Economía y el secretario autonómico de Turismo, también presente en la reunión, advirtieron de que la labor será de concienciación a través del ejemplo que dé la Administración. «No es una norma coercitiva, eso ha quedado claro, sino flexible y de concienciación de la ciudadanía, ejemplarizante. No somos partidarios de políticas reactivas, pero entendemos la coyuntura y el contexto marcado por Europa en esta crisis», explicó el titular de Economía, Industria y Comercio, Rafael Climent (Compromís), posición que compartió también el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer.

Su principal petición, respaldada por otras autonomías, es que se facilitara la aplicación del Real Decreto que sectores económicos como el comercio, el turismo o los espectáculos culturales perciben con mucha inquietud.

De hecho, en la Comunidad Valenciana no se elaborará un plan específico de inspección. «Eso ha quedado claro en la reunión. Desde los municipios, desde la Policía Local o desde las inspecciones de cualquier ámbito haremos de manera rutinaria aquello que sea necesario para que se cumpla este decreto, como otros muchos que tenemos», aclaró.

El Ejecutivo valenciano prefiere optar por la vía del diálogo y convocará a la patronal y sindicatos a una reunión para estudiar cómo aplicar las medidas, que el propio Gobierno recogerá en una guía para las autonomías. Es la única tarea que le queda al Gobierno, que no da marcha atrás pero tampoco avanza más y saca de dudas a los Ejecutivos autonómicos.

«El Gobierno es respetuoso con la Constitución y con el Estado autonómico. El Gobierno ha hecho lo que está en su mano, que es aprobar aquellas medidas que, dentro de su competencia normativa básica, nos permiten impulsar esa garantía del confort térmico. Después corresponde a las comunidades autónomas encontrar cómo se aplica y cómo se materializa, y cómo se vigila o facilita. No podemos sustituir la competencia de la comunidad autónoma», se limitó a aclarar la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Esta postura hizo que desde Cataluña, otra comunidad que no cuestiona el ahorro, se criticara la utilidad de la Conferencia.

El Govern considera que el control del gasto energético es «imprescindible», pero no ve aclaradas sus dudas y califica de apresurada una norma con la que cree que se alimentan las críticas de la oposición y para la que ha pedido una moratoria, «no tanto por el fondo sino como por acompañar a sectores que no han tomado medidas adecuadas», desveló la ministra Ribera.

Además, detectan «aspectos del texto que generan inseguridad jurídica en muchos establecimientos». «Su aplicación no es clara en algunos aspectos», añadió el secretario de Empresa y Competitividad, Albert Castellanos, en declaraciones a Catalunya Ràdio.

«Compartimos el espíritu de la norma pero no nos convence la forma en la que se ha aprobado», confesó, ante la nula intención del Gobierno de buscar «el máximo consenso» entre todas las administraciones que han de velar por que el plan suponga un recorte del 7% del gasto energético.

En este camino de reclamar más unidad se encontró de nuevo al socialista Ximo Puig. El presidente valenciano, que defiende «el sentido común» de las medidas para proteger a la «industria» ante un recrudecimiento de la crisis, apeló a la «corresponsabilidad» para cumplirlas, pero también a la «cogobernanza» entre administraciones, un concepto ensayado durante la pandemia pero aparcado. Por eso lanzó un aviso: «Son las primeras medidas de un plan de contingencia que se debe acordar, dialogar, basado en la cogobernanza porque la crisis energética se puede agudizar», advirtió.

Fuente: El Mundo

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Fecha: 08/11/2022

Organiza: Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana

Modalidad: Presencial

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