En las últimas semanas el Ayuntamiento de Barcelona acordó la ampliación del horario de actividad comercial en la capital catalana. A los 15 días festivos y/o domingos de apertura previamente establecidos, se le suman otros 17, alcanzando así un total de 32. Una medida que, si bien tiene una primera lectura positiva, constata todo el trabajo que queda por hacer para reactivar la actividad del sector comercial catalán.
Con este nuevo pacto alcanzando entre los ejes comerciales y el consistorio, que tendrá vigencia hasta el año 2025 y será revisado en 2026, quedará autorizada la apertura de negocios durante los domingos y festivos comprendidos entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre en horario de 12:00 a 20:00 horas.
Los barrios y distritos afectados serán aquellos cuyas áreas comerciales figuren en las zonas 1 y 2 del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), como por ejemplo Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià Sant Gervasi, Gràcia o Sant Martí. Con esto, el comercio debería recibir un gran empujón y potenciarse. Sin embargo, nos estamos olvidando de que el Ayuntamiento sigue manteniendo una serie de moratorias de licencia en determinadas zonas que no hacen sino coartar el impacto real que estos cambios deberían tener sobre el comercio local.
El Paseo Juan de Borbón es un el mejor ejemplo. Su horario comercial se verá ampliado, pero, a día de hoy, no se puede potenciar ni la hostelería ni la restauración; dos pilares fundamentales para la creación de vida y movimiento. Este es el verdadero problema de fondo. De nada sirven estas ampliaciones si no van acompañadas de permisos de apertura de nuevos negocios. Es el pez que se muerde la cola.
Este es un problema que Barcelona viene arrastrando desde la llegada al gobierno de Ada Colau, quien, a lo largo de los años, ha decretado la suspensión de licencias y permisos de obra con la excusa de pacificar los espacios a través de los llamados «ejes verdes» que componen el famoso proyecto Superilla Barcelona. Estas nuevas moratorias se han puesto en el camino no solo de la hostelería, sino que han afectado de lleno a la actividad musical, los especialistas alimentarios, los platos preparados, los autoservicios o los comercios alimentarios con degustación, entre otros.
Si no se hace nada por ponerle solución a esta falta de variedad de negocios, las acciones del Ayuntamiento serán en vano. La apertura de festivos es insuficiente para reflotar la economía y, hasta cierto punto, contraproducente si en estas calles no hay más que un par de negocios y, además, obsoletos y sin demanda suficiente para salir adelante.
El objetivo del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento es frenar o, al menos intentarlo, los monocultivos que se están produciendo en zonas de gran población y actividad económica. Uno de los aspectos positivos de esta medida era evitar, por un lado, las llamadas cocinas fantasma y almacenes, que únicamente llenaban las calles y zonas residenciales de riders y servicios de reparto. Y, por otro, que todas las calles acabaran repletas de supermercados. No obstante, los efectos a nivel jurídico de estas moratorias han acabado restringiendo todo comercio relacionado con restauración, de modo que calles con alta demanda de este tipo de establecimientos se ven obligadas a prescindir de restaurantes tradicionales, servicios de take away (comida a domicilio) o, incluso, terrazas. En definitiva, medidas absurdas y que atentan directamente con la posibilidad de que los negocios prosperen en la ciudad condal.
El caso de las moratorias va más allá de la restauración, afectando, como ya sabemos, a los hoteles también. En este caso, se limita en acceso las zonas disponibles para la apertura de nuevos establecimientos y, en aquellas que es posible hacerlo, las marcas solo pueden comprar uno construido previamente, quedando descartada por completo la posibilidad de transformar un edificio de cero.
Este modelo legislativo, vigente desde 2015, al que recientemente se le ha sumado la Ley de Vivienda catalana, no hace sino desincentivar la inversión en Barcelona, provocando así que la capital catalana siga perdiendo interés para el cliente nacional e internacional en detrimento de otras zonas y regiones de España.
Toda esta telaraña jurídica ralentiza la recuperación económica, pues los comercios de una ciudad tan visitada y con tanto potencial como Barcelona no pueden exprimir al máximo sus oportunidades para operar con la mayor eficiencia posible. Esto, sumado a los retrasos constantes en los Informes Periciales de Urbanismo (IPU), generan situaciones tan preocupantes como que los inversores adquieran locales sin saber qué tipo de negocio podrán acabar abriendo.
En definitiva, esta medida no es solo insuficiente, sino que carece de sentido en su aplicación actual, al poner únicamente el foco en la ampliación de los horarios comerciales y no en la apertura de nuevos negocios. Los ya existentes podrán trabajar más horas y mejorar sus números, pero el problema real es que el Ayuntamiento se muestra rígido y no permite el desarrollo de actividades que realmente podrían movilizar el comercio.
Miquel Laborde, socio fundador de la consulta inmobiliaria Laborde Marcet
Fuente: Cinco Días
