La convocatoria electoral de este domingo 28 de mayo no ha impedido que los diferentes departamentos de la Generalitat Valenciana hayan activado sus propuestas para incorporar en la Ley de Medidas fiscales, más conocida como Ley de Acompañamiento, de 2024. De esta forma, varias consellerias han empezado a sacar a exposición pública algunas de las modificaciones a leyes que se quieren incorporar en la norma que acompaña a los Presupuestos de la Administración Valenciana. Y ello pese a no saber si habrá un Botànic III. «Nosotros como Gobierno debemos seguir trabajando», aseguran desde el Consell a este diario.
Así, este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba la apertura a consulta pública para la incluir en la Ley de Acompañamiento la regulación de las áreas de promoción económica urbana (APEU), una figura jurídica para revitalizar áreas de especial intensidad comercial. Se trata de un instrumento equiparable a las Entidades de Gestión y Modernización que ya existe en el caso de los polígonos industriales. El plazo de alegaciones es de 10 días naturales «dada la urgencia de la tramitación», según expone el DOGV.
Lo cierto es que la regulación de estas APEU está incluida en la Ley de Comercio Sostenible que ha quedado pendiente de aprobarse en Les Corts. El texto recibió luz verde del pleno del Consell el pasado mes de enero, pero no ha podido pasar el trámite parlamentario necesario para salir adelante, quedando en el limbo. La demora se debió a las diferencias entre Compromís, al frente de la Conselleria de Economía e impulsora del texto, y el PSPV, precisamente por la incorporación de esta figura.
No obstante, desde el departamento que dirige Rafa Climent consideran que su regulación es importante para el comercio local y de proximidad y, a falta de conocer los resultados electorales del domingo, han decidido recurrir a la vía de la Ley de Acompañamiento par agilizar su tramitación. «El trámite parlamentario de la Ley de Comercio puede demorarse meses porque queda todo el proceso de enmiendas, por lo que incorporarlo a través de la Ley de Acompañamiento, que se aprueba a finales de año, nos permite que entre en 2024 en vigor», explican desde Economía. Eso sí, siempre y cuando se repita un gobierno del Botànic.
Esta figura tiene como función la gestión, mediante colaboración público-privada, de los servicios de las empresas pertenecientes a la misma y para sus clientes, así como la mejora de su entorno urbano. Pueden crearse por acuerdo entre la mayoría de los comercios ubicados en un área territorial concreta y por un periodo de hasta cinco años. Aunque su constitución es voluntaria, la pertenencia a la misma sí es obligatoria para todos los negocios de su ámbito de influencia y, por ende, el pago de las correspondientes cuotas aprobadas por cada Ayuntamiento para financiar sus actividades.
Pero, esta propuesta no es la única que la Generalitat ya ha lanzado a consulta pública para incorporar en una norma que puede que no acaben articulando. Y es que, según explican a este diario fuentes del Consell, ya se ha dado la orden para que cada departamento vaya sacando aquellas medidas que quiere incorporar en la Ley de Acompañamiento, independiente de lo que salga en las urnas. Porque, de repetirse un nuevo Botànic, ese trabajo previo ya se habrá adelantado, insisten.
Esta misma semana también salía a consulta pública la intención de incorporar diversas modificaciones en la Ley 18/2018, de 13 de julio, para el fomento de la responsabilidad social. Unos cambios que, de la misma manera, pretenden incorporarse a través de dicha ley de acompañamiento. En concreto, la consulta busca introducir en la norma herramientas de autoevaluación y sistemas de indicadores para recoger estándares de sostenibilidad y darles cobertura de rango de ley, entre otras cuestiones.
Fuente: Valencia Plaza
