Una cuarta parte de los municipios de la Comunidad Valenciana pierden población de manera continua en las últimas décadas. Un 40 % apenas tiene mil habitantes. Una tendencia que el Botànic trata de revertir con el anteproyecto de Ley Integral de Medidas contra el Despoblamiento, que contempla garantizar el acceso a los servicios bancarios. Además de la implantación de oficinas, cajeros, agentes financieros o unidades móviles, como ya ha puesto en marcha en los últimos meses, avanza sistemas alternativos para la retirada de fondos. Y cita como ejemplo las farmacias, estafetas de correos o comercios locales para ofrecer esta «actividad complementaria».
El borrador de la futura norma autonómica, ahora en fase de exposición pública, recoge en su artículo 28 que para ello se establecerán los oportunos instrumentos o acuerdos de colaboración al considerar la cuestión «de interés económico general». El acceso al dinero en efectivo se ha revelado como uno de los problemas cada vez más acuciante en aquellos puntos del territorio alejados de las grandes conurbaciones y con escasa densidad demográfica.
Para la ausencia de boticas, algo habitual en las pequeñas localidades de interior, se promoverá una asistencia farmacéutica que pueda responder a las necesidades de los residentes o se arbitrarán los mecanismos que la facilite según el artículo 18. Se incide, además, en que se mantendrá el acceso a los servicios sanitarios de forma presencial.
Formación del profesorado
La Generalitat garantizará una educación pública de calidad en todo el territorio, con la adaptación de las ratios a las circunstancias específicas de los municipios o el desarrollo de una red de comedores escolares y aulas matutinas en las zonas en riesgo de despoblamiento.
El Consell elaborará también programas de formación del profesorado respecto al despoblamiento en la Comunidad Valenciana, la inclusión de migrantes y atención a la problemática de la juventud en el entorno rural.
La nueva ley potenciará, por otra parte, el acceso a los servicios sanitarios básicos de proximidad y promoverá una asistencia farmacéutica que pueda responder a las necesidades de la población, teniendo en cuenta que hay localidades no existe dispensación de medicamentos.
También, pretende facilitar el acceso a la atención residencial para personas mayores a menos de 20 kilómetros de su hogar, con el fin de que puedan permanecer en su entorno.
Los servicios de transporte, tanto los de demanda o los regulares, incluirán servicios de compra, recogida y distribución de pedidos y comandas. Respecto al acceso a la vivienda, la Generalitat promoverá instrumentos para la movilización de viviendas vacías o deshabitadas, de forma que permitan la gestión de bolsas de viviendas en coordinación con los ayuntamientos y las mancomunidades. Un apartado clave de la Ley del Despoblamiento es el de la seguridad y respuesta a las emergencias. La Generalitat velará por garantizar el acceso universal a los servicios del 112 en todo el territorio. Así mismo, se incluirán programas de formación que promuevan el valor natural y cultural de los municipios del interior.
Por lo que respecta al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, se realizarán evaluación periódicas de verificación y comprobación del cumplimiento de la conectividad por las empresas de telefonía.
Hacienda tendrá que crear unos impuestos diferentes y ventajosos. Fijará incentivos fiscales para fomentar iniciativas empresariales, sociales y culturales en el territorio
La futura ley, en la que ha venido trabajando la secretaria autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra el Despoblamiento al frente de la cual se sitúa Elena Cebrián, se marca un horizonte de una década para desarrollar una planificación estratégica con un mecanismo de evaluación y revisión. Entre las alternativas para la reactivación económica y la promoción del empleo, recoge la fiscalidad diferenciada. Una reclamación permanente de los sectores más afectados.
El artículo 32 especifica que será la Conselleria de Hacienda quien deberá proponer las medidas a favor de los municipios en riesgo. Eso sí, en colaboración con el departamento de Cebrián. Esta propuesta de la Ley es una de las mayores demandas de los sindicatos agrarios valencianos. La Unió de Llauradors recordaba en su último informe que las 172 poblaciones en con despoblamiento han perdido a lo largo de los últimos veinte años unas 12.300 explotaciones agrícolas y ganaderas. Algo que supone un 45 % menos, y casi 47.000 hectáreas de cultivo, un 22 % menos. Cifras que coinciden con la radiografía elaborada en 2020 por el Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana.
Grandes aliados climáticos
La Unió proponía reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles, por ejemplo, y que sea el Gobierno quien compense el dinero que dejan de recaudar los ayuntamientos. Lo cierto es que las zonas afectadas por la pérdida de población suelen ser las que aglutinan las grandes superficies forestales, que actúan como sumideros de carbono, además de ayudar en la lucha contra la desertificación en un contexto de cambio climático.
En el ámbito de las competencias autonómicas el Consell promoverá otros incentivos fiscales para fomentar y consolidar iniciativas empresariales, sociales y culturales con una revisión transcurridos los cuatro primeros años de aplicación y una segunda pasados otros cuatro. A través del Instituto Valenciano de Finanzas se diseñarán y ofrecerán instrumentos financieros o mecanismos como préstamos, avales o subvenciones.
Fuente: Diario Información
