El informe bianual de la organización considera que la consolidación de las cuentas públicas debe basarse en la movilización de ingresos adicionales para el Estado y en la mejora de la eficiencia del gasto público
La OCDE, la agrupación de los 34 países más industrializados del mundo, ha publicado este miércoles su informe anual sobre la economía española. Pese al buen comportamiento de la actividad en un entorno difícil, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico insiste en que hace falta poner las luces largas y atacar los problemas estructurales de España: una baja productividad coincidiendo con un momento en el que el Gobierno anuncia reducciones de horarios; un mercado laboral que, pese a la menor temporalidad por la reforma laboral, todavía tiene tasas de desempleo muy altas, presenta una elevada precariedad y deja atrás a los jóvenes, y un déficit y una deuda pública demasiado abultados, sobre todo tras el esfuerzo de la pandemia. Además, con el rápido envejecimiento de la población, la institución alerta de que España tendrá que hacer frente a incrementos muy importantes del gasto a la vez que hay que invertir en el crecimiento, la transición verde o la defensa. En estas circunstancias, aunque considera “loables” las medidas tomadas en la última reforma de las pensiones —fundamentalmente los aumentos de ingresos y los incentivos para demorar la jubilación—, cree que “es improbable que sean suficientes para equilibrar por completo el sistema, que probablemente requerirá más cambios a la tasa de cálculo de las prestaciones”. Es decir, pide reducir la expectativa de pensión. En concreto, recomienda ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida y llevar el periodo utilizado para el cómputo de la pensión hasta un mínimo de 40 años (solo pasarlo de 25 a 35 años ya recortaba la pensión inicial media un 8,2% según el Banco de España). También defiende que se exijan más años trabajados para tener derecho a la prestación. Ahora se consigue la mitad de esta con 15 años cotizados y la íntegra con 37 años.
La reforma de las pensiones que aprobó el año pasado el Gobierno crea un mecanismo de cierre del sistema. A partir de 2025, se valorará cada tres años la sostenibilidad financiera de las pensiones y, en el caso de encontrar desviaciones y no tomar medidas compensatorias, se activaría automáticamente cada año una subida adicional de cotizaciones por valor del 20% del agujero durante cinco años. A pesar de este instrumento corrector, el organismo afirma que “se pueden necesitar nuevas medidas”. “En lugar de imponer contribuciones extra a la generación de trabajadores activos, el Gobierno debería alargar las vidas laborales ligando la edad legal de retiro a la esperanza de vida en el momento de la jubilación”, señala. O lo que es lo mismo: reclama reintroducir un factor de sostenibilidad que se había incluido en la reforma del PP y que la reforma del año pasado había suprimido.
En este contexto, recuerda que las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 contenían sustancialmente el crecimiento del gasto en prestaciones. Pero la presión social llevó a ligarlas de nuevo al IPC y a eliminar el factor de sostenibilidad, que vinculaba el importe de las nuevas pensiones a la esperanza de vida, de forma que si esta aumentaba se recortaba algo la prestación inicial. Al derogarse estas reformas, el gasto aumentará entre 3 y 4 puntos de PIB en 2050. Y el déficit contributivo va a alcanzar el 2,2% del PIB en 2023, unos 33.000 millones de euros. Si no se toman medidas y “si los déficits continúan siendo financiados con los impuestos, mantener los beneficios de las pensiones ocurrirá a costa de otras prioridades y en detrimento de unas generaciones jóvenes que ya se encuentran en desventaja”, concluye el informe.
“El gasto está orientado hacia el capítulo social, sobre todo pensiones y ayudas a parados, con demasiado poco destinado a partidas que aumenten el crecimiento, incluyendo la educación y la formación. Los jóvenes se benefician menos del gasto público que otros grupos”, sostiene la OCDE.
El documento destaca que la economía española está resistiendo bien pese a la elevada inflación, la ralentización de la demanda externa y los tipos de interés al alza. Aunque espera que el crecimiento español se ralentice, este debería aguantar apoyado en la demanda doméstica y los fondos europeos. El empleo permanece robusto, subraya. Y añade que la reforma laboral ha mostrado resultados prometedores a la hora de reducir la temporalidad, en especial entre los jóvenes. Aun así, los retos del mercado laboral siguen siendo ingentes. El desempleo continúa siendo el más alto de la OCDE y duplica la media de los países del club. E insiste en que es esencial integrar más a los jóvenes en el mercado laboral: son los que se quedan atrás con sus sueldos retrocediendo en términos reales, reciben menos gasto público y tienen menores oportunidades para acceder a la vivienda y la emancipación. Están siendo lastrados por el sistema educativo y universitario. Es preciso que su formación esté más ligada a las necesidades de las empresas, razona.
“Se precisa que continúen los esfuerzos de reforma ya en marcha para responder a las desajustes entre la formación dada y lo que buscan las empresas, seguir reduciendo el porcentaje de trabajadores temporales, reforzar las políticas activas del mercado laboral y mejorar los incentivos para volver al trabajo una vez en el desempleo”, indica. Y añade que mejorar la integración laboral de las mujeres, y en especial de las madres, sigue siendo una prioridad. En este sentido, el Gobierno ya está trabajando en el impulso de todas estas áreas, admite.
En opinión de la OCDE, la consolidación fiscal debería basarse en conseguir nuevos ingresos y en mejorar la eficiencia del gasto al tiempo que se bajan algo los tributos allá donde se precisa y se gasta más en ayudar a los colectivos más vulnerables. El gasto social beneficia demasiado a los que contribuyen y están en una situación financiera estable, mientras que los programas de asistencia social no protegen adecuadamente a los vulnerables, dice. Hay espacio para subir la recaudación por IVA suprimiendo los tipos reducidos y llevando el tipo medio a la media europea. Lo cual podría dar unos 5.000 millones de euros, calcula. También están por debajo de la media europea los impuestos medioambientales y los especiales. Deberían subirse los especiales del alcohol y el tabaco, señala, dando una cifra de 1.300 millones. Y debería elevarse la tributación sobre los combustibles fósiles. En total, los impuestos verdes podrían brindar unos 5.000 millones, de acuerdo con sus estimaciones. Además, el precio del agua debería reflejar su escasez y habría que mejorar su gestión.
Pero no solo hay que subir impuestos. Es necesario, apunta, rebajar la carga fiscal sobre el trabajo. “Los tipos marginales del impuesto de la renta escalan muy rápido en niveles ya modestos, desincentivando la oferta de trabajo”. O dicho de otro modo, los tipos del IRPF suben muy rápido para rentas que no son tan altas. En particular aboga por bajar los impuestos a las familias con rentas bajas que tienen hijos. El coste de esta iniciativa lo cifra en 3.000 millones.
Dedica la OCDE un capítulo especial a los jóvenes y sus oportunidades. “Las desigualdades y la pobreza siguen siendo significativas, en especial entre los jóvenes”, argumenta. Y añade que “mejorar la educación, facilitar la participación de los jóvenes en el mercado laboral, impulsar el emprendimiento y aumentar el acceso a la vivienda son cruciales para realizar el potencial de crecimiento de España y reducir el riesgo de pobreza entre los jóvenes”. El think tank de los países ricos explica que muchos jóvenes dejan el sistema educativo con una formación baja, limitándose sus perspectivas laborales. Por eso, pide más clases de apoyo a los estudiantes, fomentar la FP, promover la colaboración con las empresas o introducir más a las pymes en la FP. “Es necesaria una mayor implicación de los empleadores en la redacción de los currículos universitarios para alinearlos con las necesidades empresariales”, apunta.
Aunque la reciente reforma laboral ha ayudado a reducir el empleo temporal, la baja calidad del empleo de los jóvenes es algo muy extendido, afirma. El salario mínimo ha subido considerablemente desde 2018, mejorando los ingresos y la desigualdad salarial. Pero unos incrementos tan elevados pueden dañar el empleo en algunos grupos como los jóvenes, señala. En el futuro recomienda que los incrementos vayan en línea con la productividad. Y respecto a los topes a los alquileres, explica que estos están reduciendo la oferta de pisos.
Otras recomendaciones son armonizar regulaciones entre comunidades, fomentar el emprendimiento y la innovación empresarial o un mayor uso de la contratación electrónica. Aunque el sector financiero está mostrando resiliencia, los tipos de interés al alza podrían elevar la morosidad. Un 70% de los hogares tiene hipoteca variable, si bien entre las más recientes hay una mayoría a tipo fijo. Así que los bancos deberían mantener una política de provisiones y capital prudente, recalca.
Fuente: El Pais
