El comercio tuvo que lidiar con tres cambios de leyes al día en 2023, según un recuento realizado por Asedas, la principal patronal del sector de los supermercados, bajo la que se encuentran empresas como Mercadona, Dia o Lidl. En total, se aprobaron o modificaron el año pasado 1.140 normas en los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo, es decir, una media de 3,1 desarrollos legislativos al día, un 15% más que el año anterior. “Teniendo en cuenta los datos de los últimos cinco años, la escalada normativa no cesa desde niveles previos a la pandemia, cuando se registraron 476 (1,3 normas diarias) en 2019″, destaca la asociación de empresas de distribución en un comunicado.
“Esta situación coincide con las actuales denuncias del sector primario sobre la alta carga legislativa y administrativa que soporta, y que se extiende a todos los eslabones de la cadena de valor”, afirma Asedas. Las protestas de estos días de agricultores y ganaderos hacen hincapié en la gran carga burocrática que soportan los productores, sobre todo desde Bruselas. En la distribución, según Asedas, la situación es similar. En el comercio, dice la patronal, “la Unión Europea supera al Estado español en actividad normativa, con un alto impacto en diferentes ámbitos de actividad”.
Por categorías, la legislación relacionada con el medioambiente se lleva casi la mitad de la carga normativa, con 486 textos legales que afectan al comercio, seguida de la seguridad alimentaria (254) y cuestiones administrativas relacionadas con la empresa (urbanismo, licencias…), que suman 221 normas. “Este hecho tiene un impacto directo en la competitividad de las empresas europeas”, advierte la patronal.
“El comercio, y la distribución alimentaria en concreto, está comprometido con los procesos de economía circular, de descarbonización y de reporte de información para hacer más eficiente la cadena”, afirma en un comunicado María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de Asedas. Pero puntualiza: “La legislación que nos llega desde todas las administraciones supone enormes costes operativos, económicos y de pérdida de eficiencia que, en algunos casos, ponen en riesgo el modelo de negocio”. Martínez-Herrera pone como ejemplo la normativa de control de productos ecológicos que presenta “criterios dispares” en las comunidades, lo que crea “barreras para su comercialización”.
Otro ejemplo que señala Asedas es el futuro Reglamento de Envases y Residuos de Envases que se negocia en la UE. Según la patronal, tendrá un impacto aproximado de 150.000 euros por tienda, “solo por la instalación de equipos de recogida y reutilización de envases, sin contar gastos de personal y logísticos”.
Las comunidades autónomas se situaron en 2023 en primer lugar en la actividad reguladora, con 485 normas, seguidas de la UE (344) y el Estado (284 normas). “En el ámbito local, la cifra se incrementa al considerar cuestiones como aperturas en días festivos, cortes de tráfico, obras, etcétera”, concluye.
Fuente: El Pais
